Desde hace años, Huawei ha quedado atrapada en una paradoja: mientras gobiernos y empresas alrededor del mundo desean sus tecnologías, muchos evitan reconocer públicamente sus vínculos con la firma china. Esa ambigüedad es clave para entender cómo opera la compañía en mercados sensibles como el de las telecomunicaciones.

Contratos discretos bajo la luz del veto

Aunque Estados Unidos mantenga sanciones estrictas contra Huawei, numerosas operadoras y agencias gubernamentales continúan confiando en sus equipos, pero sin anunciarlo oficialmente. En España, por ejemplo, el fabricante sigue participando en contratos de redes 5G y en la gestión de operaciones de control de red —aunque “sin hacer la foto” para evitar presiones diplomáticas.

Este método —que algunos analistas llaman “Huaweiwashing”— consiste en mantener la colaboración tecnológica, pero sin visibilidad pública para aminorar el costo político de los vínculos con China.

Renovaciones secretas y decisiones tácticas

Un caso: Telefónica renovó en silencio su contrato con Huawei para el núcleo de su red 5G desde 2025 hasta 2030, sin hacer un anuncio formal. Al mismo tiempo, la empresa asegura públicamente que está reduciendo su dependencia del fabricante chino.

Operadoras como Vodafone u Orange también mantienen a Huawei en sus redes de acceso (radio), mientras excluyen el fabricante del núcleo central (core). Huawei participa en centros de monitoreo de redes (NOCs), pero sin figurar como protagonista.

Riesgos y consecuencias

Dependencia oculta: la ausencia de transparencia dificulta una evaluación pública del riesgo que implica el uso de Huawei en redes clave de telecomunicaciones.

Presión diplomática: países aliados de EE. UU. y organismos internacionales podrían reclamar explicaciones si se descubren contratos “clandestinos”.

Impacto económico: para Huawei, mantener operaciones bajo perfil puede ayudar a sostener ingresos en mercados donde sus ventas al consumidor están limitadas o sancionadas.

Desconfianza tecnológica: usuarios y competidores pueden sospechar que los contratos están diseñados para evadir cualquier sanción formal, erosionando la legitimidad de las empresas que los firman.